En el artículo 164 del Código Nacional se establece que la Unidad de Medidas Cautelares es quien debe realizar la evaluación y recabar la información necesaria que se requiera para solicitar una Salida Alterna como la establecida en el artículo 184 fracción II, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 y 200 de la misma legislación procesal invocada, consistente en la suspensión condicional del procedimiento.
Los datos que se recabaran de manera individual, son los siguientes:
- Domicilio(comprobante, ine, luz, agua, etc).
- Identificación oficial(INE, Pasaporte, Cédula profesional, etc.).
- Referencias personales que permitan verificar el arraigo domiciliario(Amigos, vecinos, familiares, etc.).
- Ingresos económicos.
- Cartas de recomendación (Datos de anteriores patrones).
- Antigüedad en el domicilio y respecto de los empleos anteriores.
- Estar al pendiente en el domicilio para esperar al funcionario publico que realizará la evaluación por parte de la UMECA.
Estos datos ya se encuentran verificados:
- Ninguno de los elementos tiene antecedentes penales.
- Existen elementos destacados que incluso tienen reconocimientos por excelente desempeño.
- En este caso no se actualiza la reparación del daño por el tipo de delito.
Nota importante: derivado a una indebida asesoría no se proporcionaron estos datos desde sede Ministerial y trascendió de manera negativa en la evaluación de cautela; por lo que se recomienda cumplir con dicha obligación y proporcionar dichos datos de forma veraz.
No deben entregarle las escrituras de sus casas como forma de pago por dicho trámite a nadie.
Información para los familiares:
Criterios que deben considerar los abogados:
SUSPENSIÓNCONDICIONAL DEL PROCESO. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, EL JUEZ DE CONTROL NO PUEDE VALORAR LOS DATOS DE PRUEBA QUE OBREN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. De conformidad con los artículos 194 y 196 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que se resuelva sobre la solicitud de la suspensióncondicional del proceso, el imputado deberá plantear un plan de reparación del daño causado por el delito, así como los plazos para cumplirlo, el cual será aprobado, en su caso, en la audiencia que para tal efecto fije el Juez de control. Ahora bien, si el ofendido alega que en la carpeta de investigación obra una documental que demuestra que la víctima percibía un ingreso mayor al que tomó como base el Juez de control para la cuantificación respectiva, pero la interesada o su asesor jurídico no ajustaron su proceder a fin de que se colmaran los requisitos del artículo 383 del mismo código, para que la documental referida por la ofendida se agregara al proceso y, por ende, fuera valorada por el Juez de control; éste no puede valorar dicho dato de prueba para decidir sobre la procedencia de la suspensióncondicional del proceso, ya que, atento a los principios de contradicción, igualdad e inmediación que imperan en el juicio oral penal, es menester que, previamente, se dé la oportunidad al imputado de conocer el planteamiento de su oponente, para que esté en aptitud de rechazarlo o controvertirlo, y la probanza de que se trata se reciba por quien habrá de valorarla.
SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO A PRUEBA. CORRESPONDE AL IMPUTADO JUSTIFICAR LA PROCEDENCIA DE ESTA MEDIDA ALTERNA DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y AL JUEZ DE CONTROL VERIFICAR LA LEGALIDAD DE LA PETICIÓN RESPECTIVA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE OAXACA). Con la reforma a los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, el Constituyente estableció un cambio radical en la concepción y aplicación del sistema penal, instaurando un sistema de justicia penal acusatorio y oral, con el fin de esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune, que los daños causados por el delito se reparen y resolver el conflicto. Para tal fin, en el artículo 17, cuarto párrafo, de la Constitución Federal, se dispuso que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias y que en la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en que se requerirá supervisión judicial. Ahora bien, el artículo 200 del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca prevé la suspensión condicional del proceso a prueba como una medida alterna de solución de conflictos, correspondiéndole al juzgador verificar la legalidad de la petición y, por consiguiente, que se cumpla con los requisitos exigidos en la ley, para lo cual, fijará las condiciones bajo las cuales se suspende el proceso o rechaza la solicitud y aprobará o modificará el plan de reparación propuesto, conforme a criterios de razonabilidad; de ahí que corresponde al solicitante justificar la procedencia de esta medida, entre ellas, el reconocimiento del imputado de los hechos que se le atribuyen, pues este requisito es indispensable para su otorgamiento, y conforme al artículo 20, apartado A, fracción VII, de la Constitucional Federal, debe ser voluntario y con conocimiento de sus consecuencias. Por tanto, es el peticionario quien debe solicitar al Juez de control el uso de la voz para aceptar el hecho atribuido, y no relevarlo éste de esa actuación, pues ello implicaría incitar al imputado a reconocer el hecho.
SUSPENSIÓNCONDICIONAL DEL PROCESO. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN «FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL IMPUTADO» PREVISTA EN EL ARTÍCULO 196 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. De la interpretación armónica de los artículos 191, 192, fracción II, 196 y 198 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se concluye que si bien el legislador acotó en el artículo 196 citado que la «falta de recursos económicos del imputado» no podría ser utilizada como razón suficiente para rechazar la suspensióncondicional del proceso, lo cierto es que ello obedece a que pretendió suprimirse la posibilidad de que el ofendido o víctima, o bien, el Ministerio Público, realizaran un juicio a priori sobre la situación económica del quejoso para oponerse por esa única razón. Lo anterior, pues el objetivo de la figura procesal indicada, está encaminado a que el imputado cumpla con el plan de reparación asumido, incluso, a posteriori, de acuerdo con la propuesta formulada, cuando no cuente con recursos económicos suficientes al formular dicho plan, pues puede cumplir paulatinamente mediante pagos periódicos, y como garantía adicional para el ofendido o víctima, el legislador estableció que, en caso de incumplimiento, sería factible revocar la solución alterna referida y continuar con el trámite del procedimiento penal. Sin embargo, lo anterior no tiene el alcance de que la propuesta reparatoria formulada por el imputado deba aprobarse por el simple hecho de que se realizó conforme a sus posibilidades económicas, pues si así lo hubiera concebido el legislador no existiría la posibilidad legal de que la víctima se opusiera fundadamente al respecto, motivo por el cual, la falta de recursos económicos del imputado a que alude el artículo 196 mencionado, como ya se indicó, sólo se incluyó con la finalidad de que las partes no realizaran un juicio a priori sobre la situación económica del quejoso, para oponerse, por esa sola razón, al plan de reparación del daño propuesto.