«Si la libertad de expresión significa algo,
es el derecho a decirles a los demás lo que no quieren oír»
George Orwell
La libertad de expresión no es un favor del gobierno, y tampoco, un privilegio de periodistas. Es un Derecho Fundamental que sostiene a nuestra democracia y que tiene dos caras inseparables:
• La tuya: como ciudadano de poder decir lo que piensas.
• La de todos: como sociedad buscar, recibir y conocer información.
Cuando el Estado pretende callar a quien informa o critica, no daña solo a una persona. Nos daña a todos, porque empobrece el debate y nos quita el derecho a saber.
Con base en lo anterior, debe analizar lo que pasó en Veracruz, en donde las autoridades vincularon a proceso al periodista Rafael León, primero acusándolo de terrorismo (cargo que después retiraron derivado de la presión social), y luego se le formuló imputación por otros delitos graves, con la finalidad de imponerle resguardo domiciliario por un año. El caso no es menor, se actualiza en una de las medidas más duras que puede imponerse a alguien que no ha sido condenado, y más aún a un periodista.
En nuestro sistema jurídico, no se protege a un periodista porque tenga razón o sea “correcto”, sino porque su trabajo sirve a la sociedad; en consecuencia:
• Está prohibida la censura previa.
• Está prohibido investigar
• Está prohibido castigar ideas solo por incomodar al poder.
• El Estado no puede silenciar palabras fuera de casos muy extremos.
Que la libertad de expresión tenga límites, no significa ser silenciado; es decir, la libertad de expresión tiene límites, pero no autoriza al Estado a neutralizarla por completo. Por tanto, las sanciones penales o administrativas:
• No pueden usarse como castigo disfrazado.
• No pueden servir para intimidar.
• No pueden generar miedo a opinar.
Cuando un tema es de interés público, la autoridad debe aplicar el estándar más estricto de protección a la palabra. Y, en dicha lógica, el criticar al poder no es delito. En una democracia, el poder debe aguantar más crítica, no menos. No se trata de eliminar el derecho al honor, sino de entender algo básico:
• Quien ejerce poder público está sujeto a mayor escrutinio.
La sociedad y las personas, deben saber que no basta que una información sea falsa para castigar a quien la difunde. Si así fuera, nadie se atrevería a investigar, y todos callarían por miedo. Y, ello implica considerar los casos en los que sí podría existir responsabilidad, cuando hay malicia efectiva, y ello acontece en los siguientes supuestos:
• Saber que algo es falso y aun así difundirlo.
• O actuar con desprecio total por la verdad con intención de dañar.
No debemos perder de vista que el error, la investigación incompleta o una diligencia razonable, simplemente no son delitos. Y, es en ese punto que, se actualiza un límite al Estado consisten en que no debe limitar y/o restringir la libertad de expresión mediante:
• La amenaza de someter al ciudadano a un proceso penal por delitos graves,
• Imponer cualquier tipo de medidas que la finalidad de que se impida el informar,
• La amenaza de instaurar el proceso penal en advertencia.
De actualizarse dichas hipótesis, no se está aplicando la ley, se está castigando la palabra. Y cuando se castiga la palabra, se castiga también el derecho de la sociedad a pensar libremente. La respuesta democrática no es el encierro. Ante un discurso incómodo, la respuesta legítima no es la cárcel ni el confinamiento. En una democracia, la respuesta es:
• Más debate.
• Derecho de réplica.
• Más información.
• Más discusión pública.
Solo en casos absolutamente excepcionales se justifica lo contrario. Y, el pretender callar la crítica fuera de las hipótesis constitucionalmente legitimas, es un síntoma de un grave debilitamiento del Estado. Confundir la crítica con un delito grave, no es un error técnico, es una señal de fragilidad y descomposición institucional. Un Estado que le teme a la opinión:
• No se protege.
• Se deslegitima.
Donde se persigue la palabra, la democracia deja de ser diálogo y se convierte en silencio impuesto. Luego entonces, como ciudadanos y como sociedad, no es solo un caso sobre un periodista. Defender la libertad de expresión no es defender solo a Rafael León, es defender el derecho de todas y todos a no vivir en un país donde pensar en voz alta tenga consecuencias en el ámbito jurídico.
Y hoy, más que nunca, la defensa de los derechos civiles, es urgente…